Las compañías telefónicas tradicionales (Telcel, Movistar, AT&T y Altán redes) no son los autores intelectuales de esta exigencia masiva. El gobierno federal les trasladó la presión operativa, el costo financiero y la obligación de suspender las líneas bajo amenaza de multas brutales si se niegan a actuar como recolectores de datos personales y biométricos.